EL LITIGIO DEL ESPECTÁCULO: LAS ZONAS OSCURAS EN LA IMPRONTA DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA
En Colombia estamos a dos días de las elecciones presidenciales (primera vuelta) y en punta hay tres candidatos que son: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Este último es a quien nos vamos a referir.
En el ecosistema jurídico y político de Colombia, pocos nombres despiertan tanta fascinación y repulsa simultánea como el de Abelardo de la Espriella. El polémico abogado penalista, caracterizado por su retórica estridente, su suntuoso estilo de vida y su reciente incursión en la arena política masificando un discurso de "mano de hierro", encarna una forma de ejercer el derecho donde la frontera entre la justicia, el espectáculo y el poder se diluye por completo. Sin embargo, detrás de los trajes a la medida, el ron de marca propia y los videos musicales, yacen complejos cuestionamientos éticos y judiciales que invitan a una profunda veeduría ciudadana. En la ultima entrevista de la revista Semana, la esposa del candidato dijo algo muy curioso y a la vez peligroso "pase lo que pase ya tenemos una vida resuelta en otro país" es una expresión casi, como si esto fuera solo de venir de paseo sin pensar como un político, sino como un gerente.
En consecuencias, las "zonas oscuras" que rodean su trayectoria civil y profesional no son un invento de la malquerencia partidista, sino el eje de rigurosas investigaciones periodísticas. Por ejemplo, los portales de investigación y prensa independiente como El País América, Revista RAYA, Reporte Coronell y Vorágine han documentado de forma sistemática los polémicos vínculos históricos del jurista. Entre ellos, salen a relucir con frecuencia los nombres de David Murcia Guzmán y la captadora ilegal de dinero DMG, proceso en el cual De la Espriella fue señalado por presuntos manejos irregulares. Igualmente, las persistentes sombras sobre su rol como apoderado original de Alex Saab (el controvertido comerciante barranquillero extraditado y clave en el entramado financiero del chavismo) marcan un hito ineludible en su historial. ¿Puede un defensor desmarcarse por completo del impacto económico, ético que las operaciones de sus clientes causan a la sociedad?
Así, "El litigio no puede convertirse en un engranaje de censura donde la riqueza del apoderado determine el derecho a la verdad". Reflexión sobre el acoso judicial en el marco democrático.
Por otra parte, un matiz contradictorio en su narrativa pública ha emergido con fuerza en el marco de sus aspiraciones presidenciales: su pretendido rol como "defensor de las mujeres" a partir de casos emblemáticos. En este sentido, de la Espriella suele atribuirse el impulso de la legislación de género en Colombia debido a su participación pro bono (gratuita) inicial en la representación penal de la familia de Rosa Elvira Cely, la mujer víctima de un atroz feminicidio en el Parque Nacional de Bogotá en 2012, en la cual es hoy noticia en el reporte Coronell.
No obstante, las crónicas periodísticas de El País América exponen una realidad menos idílica. Adriana Cely, hermana de la víctima, ha denunciado públicamente el trato "arrogante y déspota" que el abogado presuntamente dio a su madre durante el doloroso proceso, llegando a apartarse del caso de forma abrupta cuando la familia no firmó unos documentos en los tiempos que él exigía. Colectivos feministas y abogadas que redactaron la Ley Rosa Elvira Cely niegan tajantemente que el jurista haya aportado una sola palabra a la norma. A esto se suman recientes controversias sobre el supuesto destino de las indemnizaciones del caso, que su bufete desmintió categóricamente aclarando que nunca administraron las acciones administrativas posteriores contra el Estado. ¿Se puede instrumentalizar el dolor de una tragedia humanitaria como plataforma de mercadeo y validación política?
Por consiguiente, el frente más alarmante de su conducta pública, no obstante, atañe a su relación con la libre expresión. De la Espriella se ha consolidado ante los registros de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) como una de las figuras con mayor tendencia al acoso judicial en el país. La táctica se apoya en un uso instrumental de denuncias por injuria y calumnia contra reporteros que escudriñan sus alianzas. ¿Hasta qué punto un sistema democrático puede permitir que las herramientas de la justicia se transformen en mecanismos de intimidación contra el cuarto poder?
A partir de este complejo panorama, resulta perentorio formular preguntas fundamentales para el debate institucional: ¿Qué estándares éticos le restan a la profesión del derecho cuando el prestigio se mide por la capacidad de dilatar o evadir sanciones, y no por la búsqueda genuina de la verdad procesal?¿Cómo debe reaccionar el electorado colombiano ante un liderazgo político que, habiendo construido su fortuna en los grises del derecho penal defensivo, promete un régimen de orden intransigente y punitivo?
Finalmente, la figura de Abelardo de la Espriella expone la fragilidad de una cultura institucional que suele premiar la astucia por encima de la rectitud. Si la ciudadanía asume con normalidad que las zonas grises del litigio penal son simples anécdotas de un "abogado exitoso", se corre el riesgo de normalizar una alarmante premisa: que la justicia en Colombia es una mercancía transaccional de lujo. ¿Permitiremos que el libreto del espectáculo opaque las preguntas esenciales sobre la integridad de quienes pretenden regir los destinos de la nación?
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